Para que tu empresa se salve de estar bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), basta aplicar cinco acciones que involucran el no subestimar a la autoridad, alejarse de la informalidad o bien migrar a las nuevas reglas digitales.
1. No subestimes a la autoridad
El fisco puede revelar y hacer públicos los nombres de quienes no pagan impuestos. El pago en tiempo y forma de las contribuciones evitará que obtengas publicidad no deseada.
Si no tienes recursos, analiza la posibilidad de pagar en parcialidades, o en caso de ser objeto de auditorías, busca acuerdos con la autoridad bajo el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
2. Dile adiós a la informalidad
El nuevo régimen de incorporación invitará a 13.2 millones de pequeños contribuyentes a regularizarse.
Muchos de ellos ya cumplían sus obligaciones fiscales, pero parcialmente. Si estas en esa situación, no olvides que los legisladores aprobaron la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes a toda persona que abra una cuenta bancaria.
3. No realices planeaciones fiscales abusivas
La exposición de motivos de la iniciativa de Reforma Fiscal para 2014 menciona un sinnúmero de veces el documento preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denominado BEPS (por sus siglas en inglés: Addressing Base Erosion and Profit Shifting).
Los BEPS se refieren a las estrategias de planificación fiscal que aprovechan las lagunas y desajustes en las normas tributarias para obtener beneficios o eliminar los efectos fiscales.
4. Prepárate para auditorías electrónicas
El SAT realizará una serie de requerimientos y revisiones de manera digital.
Las empresas que sean objeto de estas revisiones deberán desahogar de manera más rápida los requerimientos de la autoridad, por lo que es necesario tomar las medidas para digitalizar tus operaciones.
5. El silencio te puede incriminar
Entre las figuras jurídicas más polémicas de la reforma fiscal está la de considerar al garante como responsable de los delitos fiscales. Eso repercute en accionistas, directores generales y otros representantes legales.
Es decir, si el garante observa que la empresa incumple con alguna de sus obligaciones fiscales o comete algún delito, y no evita que eso ocurra, también será responsable penal.
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